Desde el Macizo colombiano, en la conmemoración de la Semana del Campesino, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, invitó al Gobierno Nacional a promover la reglamentación de las medidas de alivios, establecidas en la Ley 2071 de 2020, para deudores agropecuarios no financieros, que son aquellos campesinos acreedores de deudas en casas de insumos locales.

El Defensor del Pueblo expresó su preocupación ante el escenario actual en los altos precios de fertilizantes simples (Urea, DAP, KCL), los nutrientes de mayor uso en cultivos, que en el último año registraron alzas del 141%, junto con los fertilizantes compuestos que tuvieron una variación del 111% en el mismo periodo.

El alto precio de los fertilizantes y plaguicidas ha sido una de las principales problemáticas para los productores del agro y que requiere urgente atención; especialmente en el actual escenario de precios elevados y con tendencia creciente, debido a las presiones inflacionarias, provocadas por la coyuntura internacional.

“La Defensoría del Pueblo, consciente de la importancia que revisten los insumos agropecuarios en el crecimiento del campo, considera indispensable acelerar la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso a estos insumos, protejan al campesinado frente a la volatilidad de los precios y estimulen su uso adecuado y eficiente”, dijo Carlos Camargo durante la Feria de Emprendimientos Campesinos, realizada en El Bordo (cabecera municipal de Patía), en el Cauca.

Durante su visita a la zona, para dialogar directamente con las comunidades del macizo colombiano, destacó esa constante labor de los campesinos, su dedicación y su indiscutible aporte a la seguridad y la soberanía alimentaria del país. 

“Desde la Defensoría del Pueblo impulsamos esta feria de emprendimiento agrícolas, pecuarios y artesanales, justamente para tender los puentes entre los pequeños agricultores y la institucionalidad del Estado”, agregó Carlos Camargo.

Finalmente, el Defensor del Pueblo ratificó su compromiso de acompañar la construcción de la política pública para el campesinado, por lo que reiteró su llamado para que se acelere la adopción de una política nacional en la materia, que permita garantizar el buen funcionamiento del sector, con acciones concretas y beneficiosas para los protagonistas del desarrollo rural, que faciliten su labor, reconozcan su identidad y garanticen el goce efectivo de sus derechos.